Alcances y obligaciones fiscales, penales y disciplinarias de los funcionarios o contratistas

¿Qué es el control disciplinario, fiscal y penal?

Control disciplinario	Control Fiscal	Control Penal
Es el control ejercido para corregir o vigilar faltas o incumplimientos disciplinarios de la ley, se rige por principio constitucional para establecer los criterios de control sobre las acciones disciplinarias a controlar. El control disciplinar establece que los funcionarios públicos son responsables por sus acciones u omisiones en el ejercicio de su cargo. Además de esto el control disciplinario tiene como objetivo garantizar que la función pública vista desde el comportamiento del funcionario se ejerza en beneficio de la comunidad y para la protección de los derechos y libertades de los asociados.	Tiene como objetivo asegurar los intereses generales de la comunidad, lo cual traduce en una disposición de los recursos y bienes públicos, dando garantía, vigilancia y control de una buena utilización de los mismos, con el fin de evitar detrimentos del patrimonio público que afecten a la población o al estado, este órgano de control (contraloría) tiene como foco de control los gobernantes y funcionarios públicos que dentro de sus cargos administren recursos públicos, buscado evitar o mitigar el mal uso o desvió de los recursos en detrimento del público.	Se encarga de controlar la justicia, vigilando el cumplimiento de la ley penal, opera con autonmia del control fiscal y disciplinario por medio de la Fiscalía General de la Nación, vigilando el cumplimiento de la ley en toda la población, no solo en los cargos públicos, trabaja por medio de investigaciones penales, con el fin de determinar la presunta culpabilidad de aquellos acusados de incumplir o infringir la ley.

Indique 3 actuaciones irregulares de los servidores públicos y/o particulares en la administración o ejecución de recursos públicos.

• Celebración de contratos que no cumplan con los requisitos legales.
• Apoyar ni ordenar subalternos desde su cargo público apoyar o cumplir intereses privados o políticos, así como influir en procesos electorales.
• Detrimento patrimonial del bien público, como causar daños, modificar, falsificar, eliminar, ocultar o desaparecer desde equipos o infraestructura publica hasta documentos e información publica consignada en los sistemas de información oficial.