Reflexiones sobre la ética y la corrupción en Colombia


Ensayo Caso licencia Ambiental Hidroituango
Por: Felipe González Restrepo

En el contexto Colombiano los proyectos se establecen por el gobierno como mecanismos por medio del cuales se implementan mejoras al bienestar común de los habitantes de la nación y de los territorios dentro de este, para estructurar y ejecutar un proyecto es necesario conocer y aplicar las normativas jurídicas que afectan y regulan el funcionamiento de los proyectos en Colombia, como las directrices del DPN y el plan nacional de inversión que direccionan el destino de los proyectos y de los recursos a invertir en el territorio, además de esto las normas que enmarcan un proyecto tienen como objetivo y beneficio garantizar la eficacia en el aprovechamiento de los recursos, asegurando así la sostenibilidad los recursos de la nación destinados para la inversión.
Colombia como un estado de derecho se rige por normas establecidas en jerarquía según su impacto de la nación escalando hasta los municipios y poblaciones, la CPC se establece las obligaciones normativas para el uso territorial de los recursos económicos obtenidos de la intervención y explotación de los recursos naturales y uso del suelo. Para el medio ambiente en temas de licencias se encuentra la responsabilidad del proyecto cumplir con los parámetros establecidos por las autoridades competentes, y estos a su vez tienen la tarea de velar por un eficaz cumplimiento de los puntos establecidos dentro del plan de manejo ambiental, con el fin de evitar errores en ejecución que desencadenen desastres ambientales en las áreas de impacto de los proyectos en curso dentro del país, como el ejemplo evidenciado en Hidroituango donde a través de medios de comunicación se evidenciaron inconsistencias en la obtención de las licencias ambientales, pero aun así en aras de obtener los beneficio del impacto de la obra se le dio continuidad al proyecto por medio de un licenciamiento en el año 2009, donde se primó el componente económico y de beneficio para el general de la población en Colombia “el proyecto dará energía para alimentar el 17% del país”. Pero dejando de lado las necesidades y problemáticas específicas de la población habitante del territorio, así como las medidas técnicas necesarias para aminorar las consecuencias ambientales de la obra.
Al dejar de lado la importancia el papel desempeñado por  habitantes y miembros de las comunidades afectadas por los proyectos, al estar en el área de impacto del proyecto, son los primeros garantes del buen manejo ambiental que asegure el sostenimiento de las condiciones necesarias para la vida en cada región.
La función de las autoridades ambientales es asegurar el cumplimiento del proceso administrativo de los trámites para cumplir con lo requerido por la ley en materia de gestión ambiental, aunque rigurosos en la formulación de los planes y licencias ambientales , estas entidades en muchos casos se quedan cortas condiciones técnicas y alcance para realizar una evaluación exhaustiva de cada proyecto en el país, como se presentó el caso del proyecto de la represa de Hidro Ituango, dando un claro ejemplo de la constante derogación de normativas ambientales.
En un territorio carente de recursos naturales tiene como consecuencia bajos índices de calidad de vida, o la inexistencia misma de la vida, caso que se puede evidenciar en territorios deteriorados por el mal uso de los recursos, pasando a convertirse en zonas deshabitadas, forzando a las poblaciones en estos territorios a migrar a zonas más ricas en recursos naturales, como es el caso de las áreas con previas explotaciones mineras o petroleras, donde los recursos hídricos quedan contaminados por varias generaciones, generando bajos índices de calidad de vida para los habitantes que continúen habitando los territorios deteriorados, presentando una insuficiente satisfacción de las necesidades básicas y logrando una inadecuada calidad de vida.
La anterior problemática es afrontada por todos los países, ya que para desarrollo de un territorio se debe administrar y explotar sus recursos naturales renovables, en proporciones y de manera ética y responsable con el medio ambiente, de manera que se permita la renovación de los mismos, así conservando el equilibrio entre crecimiento económico, medio ambiente y bienestar social.
El proceso de adquisición de una licencia ambiental se realiza por medio de un trámite de  acuerdo con el debido proceso en un estado de derecho, incluyendo tres aspectos técnicos, que son: el estudio de impacto ambiental, diagnóstico ambiental de alternativas y el plan de contingencia. Donde se asume que por medio de la transparencia el proceso sea limpio, pero en Colombia se presentan casos de corrupción constante que irrumpen en el obrar ético de muchos proyectos como Hidroituago.
La labor ética de cada colombiano siempre vigilantes y activos como comunidad por la preservación de los recursos naturales en el territorio, siendo estos derecho de todos, y por lo tanto responsabilidad de todos en un país donde teóricamente los impactos ambientales fueron calculados de manera minuciosa, pero es obvio la participación de la comunidad como directo beneficiario e impactado de la obra..
Colombia se cuenta con los mecanismos legales y éticos para para conservar el medio ambiente, y los posibles consecuencias, sociales, culturales y territoriales provenientes de cada obra, lo cual contribuiría a conservar y generar bienestar y felicidad en el país, en coherencia con la ética de lleva a que cada “acción humana se realiza en vistas a un fin, y el fin de la acción es el bien que se busca”. Aunque en muchos casos no alcancen a aplicar un pensamiento o actuar crítico y ético en necesario para un correcto funcionamiento de los recursos naturales renovables dentro del territorito,
La actualidad política dificulta en muchos casos el cumplimiento de las responsabilidades de los actores mencionados por corrupción, como contra posición a la postura ética del funcionamiento de un país, proporcionando ambientes proyectuales donde se le da prioridad a los intereses económicos de particulares, sobre los interés de los derechos o bienestar público como patrimonio común del país, esta es una situación  de corrupción aunque no cambiara en corto tiempo, pide una correcta gestión y ético uso de los recursos y las herramientas para el control aportan a generar consciencia de la importancia del mismo, personalmente pienso que si los que creemos en el medio ambiente no comenzamos a hacer valer los bienes ambientales del país, los demás mucho menos lo van a hacer.
Referencias
·         Constitución política de Colombia, Artículos 79, 80 (1991)    
·         Rodríguez, G (2011). Las licencias ambientales y su proceso de reglamentación en Colombia. En Foro Nacional Ambiental. Bogotá D.C. Colombia. Tomado de: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/08360.pdf
·         Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tomado de: http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/81-normativa/2093-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-30#decreto-único-hipervinculos

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